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Collective Bargaining in Argentina: Labor Law Update by Mario Eduardo Castro Sammartino | Part 2

Posted by attorney Richard Hein

b. Jubilación del trabajador que goza de estabilidad sindical

Del mismo modo, la protección de las actividades sindicales ha prevalecido en reciente pronunciamiento sobre el derecho del empleador de intimar al trabajador a que inicie los trámites jubilatorios.

Sobre el punto, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VII, en autos Desousa Pires, Valentin c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/juicio sumarísimo (30/09/2011. Publicado en La Ley: DT 2012 (enero) , 3566, con nota de Claudio Aquino y Juan José Etala (h.); Cita online: AR/JUR/61074/2011) ha decidido que

  1. El acceso a un cargo amparado por la estabilidad sindical, que implica una prórroga del plazo establecido en el Art. 91 de la LCT, no involucra un privilegio arbitrario para el representante sindical, pues, la garantía le es reconocida, fundamentalmente, para la defensa del interés de los trabajadores representados.

  2. Cuando se presenta un conflicto entre los Arts. 252 de la LCT y 48 de la Ley 23.551, es decir, entre el derecho del representante sindical a no ser despedido arbitrariamente, a que no se modifiquen las condiciones de trabajo ni se lo suspenda y el derecho del empleador a extinguir la relación laboral en caso de que aquel reuniere los requisitos para jubilarse, el conflicto debe resolverse a favor del derecho cuyo reconocimiento emana de la norma de jerarquía superior, basada en los principios que afirman la libertad sindical, como los Tratados Internacionales pertinentes y la Constitución Nacional.

c. Enfermedad o accidente inculpable y tutela sindical

La defensa de la actuación de los sindicatos ha llevado también a exigir la previa deducción de la acción de exclusión de tutela contra un delegado sindical que sufriera una enfermedad o accidente inculpable y a quién no se le pudieron otorgar tareas livianas. Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en autos Fernández, Carlos Alberto Julio c. I.M.A.I. S.A. y/o quien resulte empleador y/o prop. y/o resp. s/laboral (20/07/2011. Publicado en La Ley: DT 2011 (noviembre), 3041. Cita online: AR/JUR/42532/2011) sentenció que:

1 - Estando reconocido que el trabajador revestía la condición de delegado gremial, resulta arbitraria la sentencia que en el juicio por cobro de indemnizaciones por despido incausado, consideró cuestiones relacionadas con la legitimidad de la decisión del empleador de romper el contrato en el marco de los arts.212 y 247 de la ley de contrato de trabajo, en tanto dicha determinación fue adoptada sin cumplir con el procedimiento de exclusión previsto en el art.52 de la ley 23.551 de asociaciones sindicales, al que debería haber acudido con carácter previo a la adopción de cualquier resolución que involucraba el vínculo.

2 - El empleador que no puede otorgar al trabajador amparado por la ley 23.551 de asociaciones sindicales, tareas acordes a su capacidad parcial remanente debe, para extinguir el vínculo de acuerdo al art.212 de la ley de contrato de trabajo, intentar la acción de exclusión prevista en el art.52 de aquella ley, en la medida en que la disolución contractual operada en ese marco supone una justa causa de despido que, aunque no guarda relación con la justa causa disciplinaria ni con incumplimiento alguno, resulta de una habilitación legal condicionada a una imposibilidad fáctica de continuar con el vínculo por imposibilidad de su objeto.

3 - El despido dispuesto por el empleador alegando no poseer tareas acordes a la capacidad del trabajador es un acto alcanzado por la prohibición contenida en el art.48 de la ley 23.551 de asociaciones sindicales, de modo que el trabajador puede –a su opción- ejercer las acciones de reinstalación o reclamar el pago de una indemnización especial, no pudiendo en ese juicio debatirse si había o no tareas acordes, pues el empleador que entendió que no las había debió demostrarlo en una previa acción de exclusión de tutela sindical.

4 - El despido arbitrario, inmotivado o “ad nutum" de un trabajador amparado por la ley 23.551 de asociaciones sindicales debe considerarse de objeto prohibido, en tanto ni siquiera asiste al empleador la posibilidad de solicitar la exclusión de la garantía, pues esta acción presupone la invocación y prueba de una causa para proceder.

5 - El despido causado o “disciplinario" en el sentido del art.242 de la ley de contrato de trabajo no puede reputarse, con relación a un trabajador amparado por la ley 23.551 de asociaciones sindicales, técnicamente prohibido desde el punto de vista del objeto, sino supeditado a condiciones formales o procedimentales de validez cuyo incumplimiento provoca la nulidad del acto.

La reseña precedente muestra claramente la actual interpretación de extensión de la protección a sindicatos sin personería gremial y a actividades sindicales “no orgánicas", es decir, desplegadas por quienes no ocupan cargos ni cumplen funciones en las organizaciones sindicales. También son una concreción más del principio general de que ante la duda se debe escoger la interpretación más favorable al trabajador máxime cuando se trata de quienes cumplen tareas sindicales.

Mario Eduardo Castro Sammartino

Advertencia: El presente boletín tiene propósitos meramente informativos y no puede ser considerado asesoramiento o consejo legal, para lo cual deberá dirigirse al profesional que regularmente lo atiende.

[1] Negociación colectiva, ejercicio del derecho de huelga, protección especial contra el despido para sus funcionarios y delegados, cobro de las cuotas sindicales por descuento en la planilla de sueldos, etc.

[2] Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. (la negrita es nuestra)

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

[3] De acuerdo a la ley 23.551, Artículo 10. — Se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por:

a) Trabajadores de una misma actividad o actividades afines;

b) Trabajadores de un mismo oficio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en actividades distintas;

c) Trabajadores que presten servicios en una misma empresa.

[4] Se encuentran comprendidos dentro de la tutela sindical los delegados del personal, los funcionarios de los sindicatos (miembros de la comisión directiva, congresales, integrantes de las comisiones revisoras y de la junta electoral), los miembros de comisiones paritarias y los candidatos. Tanto titulares como suplentes.

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For more information on Labor Laws in Argentina, contact my friend and colleague, Buenos Aires Attorney Mario Eduardo Castro Sammartino at castrosammartino@cspabogados.com.ar.

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